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martes, 23 de septiembre de 2014

El delegado del Gobierno en Murcia se niega a identificarse en un control de alcoholemia

La madrugada del sábado dos agentes detuvieron el vehículo del delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, al que solicitaron su documento de identidad, a lo que el delegado se negó e instó a los mismos a cuadrarse ante él;

El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, seráinvestigado por la Guardia Civil después de los hechos ocurridos el pasado sábado de madrugada en un control rutinario de alcoholemia, cuando “se negó a entregar a la Benemérita el DNI”, según el contenido del documento que ha redactado el Instituto Armado.

Los hechos, que tuvieron lugar en la redonda de Isla Grosa de la capital Murciana, tuvieron lugar en la madrugada del sábado al domingo, cuando los agentes que estaban realizando un control rutinario de alcoholemia le dieron el alto a un vehículo, en el que el copiloto era el delegado, acompañado de su mujer y una pareja más, según informa Europa Press.


Bascuñana se negó a identificarse e intentó que el agente se cuadrara ante él

Bascuñana “increpó al agente en un tono autoritario” y le preguntó si había alguna novedad, dado que él era el delegado del Gobierno, a lo que el oficial le requirió en ese momento el documento para poder identificarlo, un mero trámite rutinario en un control, a lo que el delegado se “negó” e incluso llegó a salir del vehículo e intentó que el agente se cuadrara ante él, utilizando su cargo como delegado del Gobierno, y cuestionó por qué razón no le daba las novedades.

El agente solicitó apoyo a su unidad, por lo que acudió el jefe de control, quien nuevamente pidió el DNI al delegado, a lo que éste se negó otra vez.


Bascuñana “increpó al agente en un tono autoritario” y le preguntó si había alguna novedad, dado que él era el delegado del Gobierno

Finalmente, los agentes accedieron a que se marchara del lugar debido al "jaleo" que se había provocado por este asunto, además de que elconductor del vehículo en el que viajaba Bascuñana no mostraba síntomas de embriaguez. Dada la situación, se decidió abrir una nota/investigación interna.

Una nota interna en la Guardia Civil, según establece el Reglamento, supone que la situación se explica por escrito en un informe que se remite al coronel y éste a su vez lo eleva a la Dirección General para después llegar al Ministerio del Interior. En cualquier caso, fuentes han explicado que en un control de alcoholemia se está obligado, según la ley, a identificarse si así lo requiere la Guardia Civil.

Por otra parte, fuentes cercanas al delegado han afirmado que Bascuñana se detuvo simplemente para preguntar si había alguna novedad y si iba bien el servicio a los agentes, que en ningún momento le requirieron la documentación, "ni a él ni a nadie".

lunes, 24 de marzo de 2014

La "indignidad" del Gobierno y la manipulación mediática.

El 22 de marzo, sábado, seguí de cerca la evolución de las Marchas de la Dignidad a través de distintos telediarios. No salí de mi asombro al comprobar que los informativos centraban toda su atención en los actos vandálicos de un reducido número de encapuchados y metían a todos los manifestantes en el mismo saco. Ante tal manipulación y falta de rigor, me preguntaba porqué no daban más detalles de la manifestación, qué fines perseguían y las razones por las que se había producido tal convocatoria nacional. Al mismo tiempo, si se condenaba la violencia de algunos manifestantes, ¿por qué no se ha identificado públicamente los nombres de los "violentos"? ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó realmente?
Me resulta sospechoso que cada vez que los movimientos sociales salen a la calle para manifestar su malestar ante la situación política y económica del país, de pronto, aparezcan unos exaltados que revientan las manifestaciones. Las malas lenguas dicen que son mercenarios a sueldo de la propia policía o del Gobierno con el fin de difamar a los descontentos. Por contagio, son muchas las voces que, en los diferentes debates, no han dudado en utilizar términos peyorativos para referirse a los participantes de la manifestación. Según estas ilustres mentes privilegiadas, flor y nata de la intelectualidad, hablan con suma frivolidad de una presunta conspiración ultra-izquierdista liderada por el actor Willy Toledo. Maravillosa actuación de la Delegada del Gobierno de Madrid, la señora Cifuentes, quien mostraba con voz temblorosa algunas piedras ante las cámaras de televisión (¡a saber de dónde las sacó!) y su versión de los hechos, con especial énfasis en el número de policías heridos por los "violentos". Por vídeos testimoniales, se sabe que la actuación policial obedecía a un plan orquestado desde la Delegación del Gobierno, pues no había terminado la manifestación, cuando los agentes anti-disturbios cargaron contra los manifestantes. Se sabe también que tanto ella como el Ministerio del Interior han querido criminalizar a los manifestantes, y no contentos con eso, han preparado las provocaciones y los conflictos para reventar la manifestación. Al Gobierno de la Nación le ha venido muy bien la muerte del Presidente Súarez, así no tiene que realizar declaraciones ante los periodistas sobre el 22M y desvía la atención de la verdadera problemática. No falta la hipocresía en un funeral de Estado, donde la actual casta política se deshace en halagos por el difunto y su legado. "¡Qué gran presidente!" -dicen los demócratas-, "¡Qué gran político!" - dicen otros -. ¡Cuánta chusma protesta! -dicen los propietarios de la mayoría absoluta-. "Pues, nada, invadimos la televisión con especiales sobre el Presidente Súarez, ¡y tan contentos!". No me cabe la menor duda de que esta puti-casta política ha prostituido el gran pacto social que construyó el Presidente Suárez. Y para muestra, un botón. 

Esos "radicales de izquierdas", como fueron denominados por los voceros del Gobierno, reclamaron una solución para los desempleados, el fin de los recortes, una manera de hacer política más democrática, que los banqueros, autores de esta crisis, paguen sus crímenes con la cárcel, que todos los españoles tengan acceso a una vivienda digna, a una enseñanza y sanidad pública y de calidad... Y, de forma legítima, también mostraron su disconformidad hacia leyes como la reforma del aborto, el rechazo a las políticas antisociales de los Gobiernos de la Troika. La sociedad española no comprende el servilismo de nuestro Gobierno hacia las políticas de la Troika.  ¿Cómo tienen la desfachatez de querer implantar un salario mínimo de 600 € para jóvenes menores de 25 años? ¿Cómo se atreven a seguir manipulando con el argumento "o eso, o el desempleo"? Considero que muchos políticos confunden el mayoritario respaldo electoral con un cheque en blanco. Pero, no hay que olvidar que el Gobierno de la Nación ya quedó deslegitimado desde el mismo instante en que no cumplió con su programa electoral y engañó a todos los españoles. A esto, hay que añadir que la gestión del actual Gobierno de la Nación ha provocado una gran fisura social promovida por los distintos casos de corruptelas y por la ineficacia de las medidas tomadas. Si, además, este Gobierno está ciego y sordo ante el clamor de la ciudadanía, ¿cómo se atreve a mencionar esa legitimidad que le otorgaron las urnas? 

"Esto no es una crisis, es una estafa" - corean los manifestantes de las Mareas de la Dignidad -. Y no les falta razón. El sistema está enfermo, la desconfianza hacia las instituciones está más que justificada, ya que afecta desde la Jefatura del Estado hasta la misma articulación del Estado. La necesidad de romper con un régimen que ya no puede satisfacer las necesidades de la mayoría social es una realidad, porque, ante las graves deficiencias democráticas, ni siquiera puede garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, y, como contraste, se recurre a medidas represivas, incluido, el control de los medios de comunicación.

La dimisión del Presidente Rajoy debería ser inmediata ante su incapacidad de unir a todos los españoles en un proyecto político ilusionante, por su soberbia y sordera ante las necesidades reales de la ciudadanía, por un modelo económico-social diseñado no para el bien común, sino para unos pocos que manejan la riqueza del país y que busca la estratificación social, no la igualdad. Ni siquiera ha sido capaz de rebajar la silenciosa tensión social que está provocando el resurgimiento de facciones radicalizadas y de extremos. Por consiguiente, ante tal fracaso, está más que justificadas las quejas de las Mareas de la Dignidad y sus reclamaciones: "Pan, justicia, trabajo y dignidad"Otra democracia es posible.


lunes, 17 de febrero de 2014

EXITO TOTAL EN MANIFESTACIÓN POR EL SOTERRAMIENTO DEL AVE EN MURCIA Y UN ALCALDE ABUCHEADO POR LOS MURCIANOS

Una manifestación exitosa de mas de 20 mil personas que pedían un Ave soterrado y un Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que se vio acompañado a media distancia durante toda la marcha por los gritos de "¡corrupto!", "¡chorizo!" !dimisión! y otros improperios de muchos murcianos que allí asistían,que le recordaron de viva voz y con carteles su condición de imputado en el caso Umbra. El ruidoso grupo estuvo escoltado y vigilado de cerca durante todo el tiempo por algunos fornidos policías nacionales, que no llegaron a intervenir tampoco durante la llegada de la manifestación a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde arreciaron los insultos hacia el alcalde.Fue la única nota que alteró la normalidad de la jornada, que se cerró con la lectura del manifiesto y un alcalde con cara de cromo sonrojado.


jueves, 30 de enero de 2014

EL ALCALDE DE MURCIA MIGUEL ANGEL CAMARA, PIERDE LOS NERVIOS CON UN PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO DEL AVE EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO


El alcalde de Murcia Miguel Angel Camara pierde las formas cuando un portavoz Antonio de la Plataforma Pro-Soterramiento del AVE le dice que los estudios de la llegada del ave a Murcia por fomento están mas que hechos y así los documentos lo dicen.

El alcalde se descara con una gran prepotencia y las tribunas llenas de ciudadanos de Murcia le increpan contra el diciéndole MENTIROSO,FALSO ETC........


sábado, 4 de enero de 2014

EL FENÓMENO SOCIAL QUE EL GOBIERNO QUIERE OCULTAR.

Tal y como se puede observar en la grabación precedente el movimiento social “Juventud Sin Futuro” y los simpatizantes con su causa recorrieron multitudinariamente el pasado 7 de Abril las calles de Madrid y las de más de 30 ciudades de todo el mundo protestando contra su expulsión del sistema y del país. La plataforma ciudadana antes citada encabezó la manifestación que desfiló, bajo el lema "no nos vamos, nos echan", por las principales arterias de la capital de España para denunciar el "exilio económico forzoso", al que se ven obligados miles de jóvenes en nuestro país, ante la falta de oportunidades laborales" que, provocada por la situación económica y social actual, fuerza a los jóvenes a abandonar sus hogares y su entorno familiar y social de referencia, abocándolos a situaciones de desarraigo en destinos alejados de su nación de origen. Falsas Tierras de promisión en las que mana, como único sustento al alcance de la mayoría de nuestros compatriotas, la precariedad laboral y exclusión social.

Los jóvenes evidenciaron su deseo de "desmentir el discurso oficial” repetido incansablemente como un mantra por el peperismo. Pensamiento con él que se persigue lograr que desaparezca y se aleje de la mente de la opinión pública la más mínima sospecha de responsabilidad gubernativa sobre la dramática realidad sociolaboral que padece rutineramente la sociedad española soportando la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. 

Alarmante situación que amenaza con cronificarse, que está provocando además un creciente fenómeno migratorio, protagonizado tras la adolescencia por un amplio sector de la población juvenil, y sobre la que el poder ejecutivo intenta penetre en la consciencia colectiva la idea de su ausencia de culpabilidad respecto a esta trágica realidad. 

Nula responsabilidad política que justificaría a la inacción de unos dirigentes que se sienten satisfechos, se jactan y encubren su incompetencia proclamando, para excusar su paralización ante el problema de la fuga masiva de cerebros, en la etapa previa a la madurez, que es el espíritu aventurero, característico de ese periodo del desarrollo humano, el que empuja a una juventud española sobradamente preparada a marcharse en búsqueda de las oportunidades que la actual crisis les niega en su lugar de origen. 

Pero la luminosa y clarificadora verdad, sobre la que la fuerza política gobernante se obstina, haciendo gala de un empecinamiento irracional, en arrojar la más oscura falsedad defendiendo la teoría del afán emprendedor de los jóvenes españoles en el marco de la Unión Europea, es que la inmensa mayoría no se van por propia voluntad sino obligados por las circunstancias, es decir, por una coyuntura económica adversa.

Hipótesis de la movilidad laboral motivada por la sana y lógica ambición de prosperar económica y socialmente esgrimida oficialmente por un peperismo maquiavélico con el objetivo de camuflar la autentica razón que fuerza a la juventud, de un país convertido en un territorio laboralmente hostil para esta franja de edad con una tasa de desempleo superior al 55 por ciento y el 85 % de los contratos precarios, a optar por el destierro económico.

Compleja tesitura que terminar por convertir, debido a la vergonzosa desidia de nuestros azules gobernantes neoliberales y ante la inmutable indiferencia de sus rojos opositores socialdemócratas, a nuestros jóvenes en un número anónimo, al que no le queda más remedio que acabar nutriendo los movimiento migratorios, los registros del paro o las listas de individuos que encadenan contratos de trabajo en prácticas o formativos de forma indefinida. Sujetos con rostro reconocible o desconocido; pero todos ellos con nombres y apellidos, que ignorados por nuestra casta política dirigente, pasan a formar parte de una estadística demográfica, que refleja que no deja de aumentar progresivamente el volumen de personas que, tras haber completado su proceso académico, se ven arrojados a la precariedad laboral y a la exclusión social en su país de procedencia o de destino. 

Dilema engañoso, puesto que sólo es superficialmente una disyuntiva, es decir, en apariencia, debido a que independientemente de la preferencia laboral por la que te decantes, tanto si es la opción de la permanente inmovilidad, aferrado a la cómoda protección del calentito colchón familiar o la alternativa de la dinámica movilidad, impulsado por un inquieto espíritu aventurero; acabaras ejerciendo una ocupación enmarcada en una cuadro profesional que no tiene absolutamente nada que ver con el que habías pintado en tu imaginación y para el que te habías preparado concienzudamente.


Ejemplo paradigmático del último caso son los conocidos técnicamente como minijobs, término traducido lingüísticamente como miniempleo e interpretado inteligente y socialmente como mierdijob por los perjudicados y los potenciales afectados. Modelo de anticontrato que, malnacido en la Alemania del canciller Schröder para aplacar el descontento social que la elevada tasa de desempleo estaba generando, cumplió a lo largo del 2013 una década de antigüedad y representa lo opuesto a lo que debe garantizar un puesto de trabajo digno. Se trata por tanto de un tipo de contrato basura que se caracteriza por ser temporal; a tiempo parcial, es decir de pocas horas, con un máximo de 15 semanales; de sueldo reducido con un tope máximo de 450 euros mensuales; y exento de cotización social, pero que permite la posibilidad de aportar voluntariamente una parte a la seguridad social.

Cuando el Estado teutón adoptó esta medida en el año 2003 para favorecer la creación de empleo la nación estaba atravesando por una situación similar a la que está padeciendo España desde 2008, es decir, crítica y preocupante debido a que tanto la economía sumergida como el desempleo eran problemas acuciantes en el interior del país germánico como lo siguen siendo en el hispánico.

Teniendo en cuenta dicho paralelismo y los sobrevalorados beneficios obtenidos con la reforma del mercado laboral ario, tales como el ascenso de la cota de ocupación en amplios sectores económicos y el descubrimiento de la gran capacidad de adaptabilidad del trabajador, que supuso la implantación en el estado germano de la modalidad contractual bautizada como minijob, no es de extrañar que los estadistas de nuestro país piensen que el miniempleo es la fórmula más idónea para contener y reducir un porcentaje de desempleo que alcanza a más de la mitad de los jóvenes españoles.

“Juventud Sin Futuro”, perteneciente a la generación con el mayor nivel de preparación técnica y de acumulación de la historia, que se ha convertido en víctima de una nueva forma de entender las relaciones laborales, involucionista y retrograda, impuesta por un ideario que presume de innovador, la doctrina neoliberal. Filosofía política, fuertemente dominada por el capitalismo salvaje, que ha transformado a Alemania en motor de la economía europea merced implantando la flexibilidad en la jornada de trabajo y el abaratamiento de los costes salariales, con la finalidad de acrecentar el índice de competitividad del sector industrial.

Espectacular progreso económico de la nación alemana que se ve lastrado en la actualidad por la inestabilidad en el mercado del trabajo que conduce indefectiblemente a la exclusión social. Precariedad laboral que en el estado germánico, según dos organismos oficiales de ámbito federal de reconocida credibilidad, como son la Oficina del Trabajador y la de Estadística, alcanza hoy en día a más de un tercio de las contrataciones en vigor en este momento. Compromisos laborales que han sido firmados a fecha de hoy, como ocupación temporal, a tiempo parcial o como minijob, por un total de 7.4 millones de empleados en el conjunto de la nación aria. Obreros, de los cuales un 58% recibe una remuneración insuficiente para cubrir sus necesidades básicas cotidianas y que, por tanto, se ven obligados para poder subsistir a percibir un complemento económico en forma de ayuda social.

Esta situación inmoral, que acabo de describir, atenta contra la dignidad de la clase trabajadora a la que se fuerza a aceptar las limosnas del sistema. Conformismo social que también se produce a la inversa como lo demuestra la cifra ascendente de personas, que después de haberse jubilado se ven empujados a buscar un miniempleo para poder completar una exigua pensión con la que difícilmente logran sobrevivir.

martes, 17 de diciembre de 2013

LA POLICÍA CARGA Y DETIENE A DOS PERSONAS EN LA VISITA DE RAJOY A MURCIA

El sábado 14 de diciembre, aprovechando la visita del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la Convención Regional del Partido Popular en Murcia, la Marcha de Mareas convocó una concentración para mostrar el rechazo a la política continuada de recortes sociales y laborales, así como la pérdida de libertades.



Desde el inicio hasta el final de la concentración todo transcurrió con normalidad y de forma pacífica. No hubo ningún tipo de incidentes, a pesar de las provocaciones de algunos militantes del Partido Popular, que al pasar delante de la pancarta nos dedicaban una “peineta”, y a pesar también del ingente dispositivo policial. Aún así, desde la Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia queremos manifestar la inexistencia de incidentes durante todo el acto.


Al terminar el acto se anunció con un megáfono el final de la concentración, agradeciendo la participación, y cuando la gente comenzaba a irse los antidisturbios aprovecharon que quedaba un grupo rezagado para insistir en que tenían que identificar a dos personas. ¿Por qué a dos y no a una, o a cuatro, o a las 200 que estábamos allí? Todo un ejercicio de provocación cuyo resultado fue la detención de una compañera y un compañero de Izquierda Anticapitalista.

No hay explicación lógica alguna a esa provocación de la UIP (Unidad de Intervención Policial), en esta ocasión traída de otros lugares del Estado, porque insistimos, el despliegue policial fue tan desproporcionado que no había antidisturbios suficientes en la Región.

Otra vez ha vuelto a pasar y es la enésima. El gobierno utiliza la represión para comunicarse con la población. Evitan comparecer ante los medios o lo hace a través de una pantalla de plasma. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, no tiene más objetivo que eliminar el único medio que nos queda a las y los de abajo para expresar de manera real nuestro rechazo a los recortes de todo tipo.

Desde la Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia (ARM) entendemos que lo ocurrido ayer fue un acto provocado y premeditado, cuyo único objetivo es criminalizar la protesta y utilizarla mediáticamente para justificar ante la opinión pública la imposición de la ley de Seguridad Ciudadana. Objetivamente, de lo ocurrido ayer difícilmente se pueden sacar otras conclusiones.

Por lo tanto desde ARM rechazamos estas estrategias perversas y mezquinas. Instamos al gobierno a que abandone la represión como medio de comunicarse con las personas de a pie y que se vaya haciendo a la idea de que no vamos a aceptar la sumisión como salida a la crisis. 




SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S

Manifiesto de:
Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia (ARM)

viernes, 6 de diciembre de 2013

35 AÑOS DE "PROSTITUCIÓN" DEMOCRÁTICA

Como cada seis de diciembre, los medios de comunicación nos recuerdan lo importante que fue el periodo de la transición democrática, el papel que desempeñó el Rey Juan Carlos I y el expresidente Suárez en el fallido golpe de Estado del 23F, pero... en este trigésimo quinto aniversario, el cuento de hadas ha cambiado y nos muestran un país cabreado con la monarquía parlamentaria, la clase política y esa "crisis" que, a estas alturas, ya no tiene padre a quien repudiar. El español común, ese que está desempleado, sin ninguna prestación social, con la amenaza de embargo por no poder pagar la hipoteca, con unos padres jubilados y pensionistas que mantienen a hijos y nietos, hijos adolescentes que saben que la LOMCE no les garantiza un empleo, con unos servicios públicos mermados, casi residuales, se caga en la puta que parió a estas sanguijuelas que han truncado toda una vida de trabajo y esperanzas, le ha arrebatado todo vestigio de dignidad, y su único fin es la más glaciar de las miserias.

No cabe duda de que a medida que se acrecienta la profundidad de esta crisis económica, mayor es el grado de restricción de nuestros derechos fundamentales y de las libertades públicas recogidos en nuestra Carta Magna, la cual se ha convertido en papel mojado gracias al Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, los cuales han hecho y deshecho a su antojo y por eso ha perdido su sentido. Julio Anguita, antiguo dirigente del PCE y de IU, manifiesta en su libro Contra la ceguera. Cuarenta años luchando por una utopía, que sólo gobernando contra los poderes económicos, contra Botín, contra Endesa, contra Gas Natural, se puede dar un salto de calidad en esta sociedad. Pero para eso, para salir de la crisis, hay dos opciones: "O nos morimos en la camita y poquito a poco nos vamos durmiendo, o vamos a la mesa de operaciones. Que nos morimos dulcemente, pues ¡ea!, nos morimos. Pero no protestéis eh, por favor, no protestéis. Que no sea la protesta de los resignados en los bares. Eso me molesta mucho, mejor estar callados".

Muchos señalan al Tratado de Maastricht como el origen del mal. Esa unión europea utópica ha sufrido una metamorfosis: ahora es la Europa de los mercaderes, lo que quiere decir que cualquier gobierno legítimo baila al son de los mercados financieros. Primera derrota de la democracia. Ya no se habla de una Europa solidaria, la Europa de los pueblos, sino la Europa que ha diseñado Alemania para su propio beneficio. Es curioso que solo muy poca gente se acuerde ahora del Tratado de Maastricht, cuando es en él donde se encuentra el origen de los problemas que tiene ahora la Unión Europea. A base de muchas mentiras se está haciendo creer a la gente que lo que le sucede a los países que sufren las mayores perturbaciones es que han realizado mucho gasto público social y que eso ha aumentado hasta niveles insoportables el peso de la deuda pública, de donde deducen la exigencia de llevar a cabo políticas de austeridad basadas en el recorte de derechos y prestaciones sociales. La realidad es otra bien distinta: lo que verdaderamente ha hecho que crezca la deuda pública (además del impacto más reciente de la crisis financiera internacional y la subsiguiente caída en los ingresos públicos) no ha sido el incremento del gasto público primario (es decir, el asociado a gastos corrientes o de inversión), sino el dedicado a pagar intereses y la deuda que ha ido siendo necesaria para afrontar la deuda anterior. El lado positivo de Maastricht es que demuestra el origen ilegítimo que ha tenido la deuda que injustamente se hace recaer sobre los pueblos europeos. Y, por lo tanto, la primera razón para auditarla en toda Europa y repudiarla cuanto antes.

El debate entre monarquía y república vuelve a surgir con mayor interés debido al caso "Noos" y los deslices del Rey. Lo cierto es que el sistema republicano no ha tenido tradición en España, y los dos intentos fueron fallidos. La república no es sólo que no haya un rey o que la bandera sea tricolor, la república es un proyecto político que tiene una historia. Los ciudadanos deben ser conscientes de sus derechos y sus deberes, por tanto, parte activa del sistema. Sin que eso exista, no habrá una república en España.

¿Somos todos iguales ante la ley? (art. 14) Si eres infanta, te libras de los juicios. Si eres la mujer de un consejero, te saltas la lista de espera de un hospital público y el mismo día te operan de una hernia discal. Si tienes pasta, alargas el juicio hasta que el delito prescriba. De lo contrario, no se explica que se vean tantos "chorizos" en la calle y tantos pobres infelices en la cárcel. 


El proyecto de soberanía de Cataluña ha vuelto a resucitar los viejos miedos del pasado. Las diferencias territoriales ponen en tela de juicio el sistema de las autonomías. ¿Cómo contentar a 17 comunidades autónomas, con su propia idiosincrasia, y, en algunos casos, su propia lengua oficial? El PSOE plantea una reforma en clave federal que delimite las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Más allá de la oposición que generaría en el PP, me parece una iniciativa ambigua. No se sabe si se trata de un federalismo pluralista, respetuoso de la diversidad nacional, o si se trata de un federalismo centralizador, más cercano a propuestas como las de UPyD. Más interesante resulta su propuesta de reforzar constitucionalmente el papel de los derechos sociales. Pero en este caso el problema es de credibilidad ¿Cómo pretende apuntalar los derechos sociales una fuerza política que consintió la constitucionalización de las actuales políticas de austeridad?


El Gobierno de la Nación no contaba con la entrada en escena de los movimientos sociales, el ejemplo de organización de base ciudadana, sin intermediarios, una manera de democracia radicalizada. Todos coinciden en la derogación del artículo 135, el cumplimiento de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, así como de la garantía de los servicios públicos. En resumidas cuentas, un Estado social y democrático, tal y como reza la Carta Magna. Como veis, no piden nada que no esté ya escrito. 

Dos años de gobierno del Partido Popular... ¡Cuánto ha cambiado este país!:

El Ministro Wert sacó adelante la LOMCE contra viento y marea, con el único apoyo de la bancada del PP en el Congreso de los Diputados, sin consenso de los miembros del sistema educativo. La esencia de esta ley: "trabajo, esfuerzo y estudio", como si fuera un mantra. Cuando el informe PISA nos coloca en el 34 del ranking, el Ministro Wert saca pecho y le viene de perlas para justificar la LOMCE. Pero lo que calla el Ministro Wert y los suyos es que el informe PRISA también concluye que:
  • España tiene una alta equidad educativa, aunque la brecha es cada vez mayor.
  • El nivel de los padres afecta en gran medida en el rendimiento de los alumnos.
  • En España los repetidores superan la media de la OCDE y la UE.
  • La diferencia entre centro público y privado no es tanta como puede parecer.
  • Cuanto mayor es el índice sociocultural y económico del alumno, mejores son los resultados.
El art 27, que garantiza un control y gestión de los centros públicos, la ‘ley Wert’ se los carga de un plumazo, quedando la gestión de estos centros como un florero. Hubiera sido preferible emular el modelo educativo filandés en vez de aprobar una ley sin respaldo presupuestario. Y así nació la "marea verde", por una escuela pública, gratuita, laica y de calidad. 

Decía Maríano Rajoy: "No daré dinero público para ayudar a los bancos". "Garantizaré siempre el poder adquisitivo de las pensiones, cumpliré la ley de 1998". "No vamos a reducir las prestaciones por desempleo". "No subiré los impuestos, los bajaré". "No habrá copago en sanidad". "La reforma laboral del PSOE ha abaratado el despido". "Yo no soy como usted, señor Rubalcaba, lo que no llevo en mi programa no lo haré". "El PP se compromete a que educación, sanidad y pensiones jamás se verán afectadas por la crisis económica". 

Después de dos años de flagrantes incumplimientos, desmintiéndose a sí mismo con la mayor subida de impuestos de la democracia y los recortes en sanidad y educación como gran estrella —el Gobierno admite la destrucción de hasta 380.000 empleos públicos, muchos en estos dos sectores—, ahora, aseguran, es cuando van a intentar empezar a cumplir su programa, y confían en que ese mensaje cale antes de las elecciones de 2015.



Toda la campaña giró en torno a los recortes de Rajoy, que él siempre negó. "Les propongo que trabajemos juntos para poder preservar la educación, la sanidad, las pensiones", dijo el entonces candidato mirando fijamente a las cámaras de televisión. En las entrevistas y mítines de esos días, Rajoy insistió en que no habría copago, no se tocaría sanidad y educación y, sobre todo, se cumpliría la ley y se revalorizarían las pensiones todos los años. Los jubilados que suelen llenar los mítines aplaudían con entusiasmo. Rajoy cumplió su promesa de no congelar las pensiones, pero no la de revalorizarlas. No lo hizo en 2012. Ahora ha cambiado la ley para que nunca tengan que revalorizarse con el IPC, algo que tampoco iba en su programa.



Rajoy prometió la despolitización de todos los organismos. Pero el Poder Judicial sigue cerrándose como siempre entre los partidos. Además, el PP llenó las empresas públicas de personas muy vinculadas a este partido. Incluso lo hizo en organismos reguladores como la CNMV o en el Defensor del Pueblo. Y al frente del Constitucional, un prestigioso jurista pero militante del PP.

Más polémico fue aún el control absoluto de RTVE. Rajoy, después de que el PP criticara la parcialidad de una televisión presidida por una persona que él había pactado con Zapatero, cambió la ley para poder nombrar al presidente de RTVE con su mayoría absoluta. Una de las grandes reformas de Zapatero se esfumó así tal vez para siempre.

Pero sobre todo Rajoy ha incumplido, al menos de momento, su principal promesa y mensaje electoral: no logró bajar el paro. Desde que él llegó, subió en un millón de personas hasta la fatídica cifra de los seis millones, ahora rebajada tras el verano. Esa es la única promesa que aún está a tiempo de cumplir —dejar menos paro del que encontró—, pero pocos en el PP confían en lograrlo antes de las próximas elecciones.

El estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas que reflejan la contabilidad del PP, los últimos episodios del caso Urdangarin, la sentencia del caso Malaya o el caso de los ERE, que pone bajo sospecha la gestión del sindicato UGT en Andalucía, entre otros muchos asuntos, tienen un gran impacto en la percepción de la corrupción en España. Según el ranking global que publica la ONG Transparencia Internacional, España ha caído 10 puestos (de la posición 30 a la 40 en tan solo un año), por detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde. En este indicador, realizado a partir de una macro-encuesta realizada a expertos, España cede seis puntos con respecto al año pasado, de los 65 (sobre un máximo de 100) a los 59.
Jesús Sánchez Lambás, abogado y vicepresidente segundo de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, ha alertado de las consecuencias de la percepción de la corrupción en España para la recuperación económica y la inversión extranjera. "Los países que presentan mayores índices de corrupción representan mayor riesgo país". Sánchez Lambás también ha criticado que la tras la aprobación de la Ley de Transparencia no se hayan puesto en marcha "acciones de formación y capacitación a funcionarios", quienes deberán incorporar la ley a sus funciones, y ha parafraseado al Conde de Romanones para mostrar su desconfianza hacia el desarrollo administrativo de la Ley de Transparencia: "Haga usted la ley, que yo hago el reglamento".

Sobre esta norma, Villoria ha destacado que el Consejo de Transparencia que contempla no es un órgano independiente. Sin embargo, el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, ha pedido "explotar" la ley "pidiendo información" y ha sido optimista dado que "ahora tenemos jueces más beligerantes" con la corrupción y el trabajo de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal).

"En España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, la Familia Real y las empresas, estaban implicados en casos de corrupción en un momento en el que el país está sufriendo", explica Anne Kock, directora para Europa y Asia Central de Transparencia Internacional. "Lo que la crisis económica ha hecho es permitir un mayor debate público sobre la corrupción. La situación está más expuesta y eso afecta a las percepciones".

El 29 de noviembre 2013, el Consejo de Ministros aprobó el borrador del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, la bautizada como ley mordaza, que ha presentado el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La intención está clara: acabar con el derecho de manifestación y de libertad de expresión para seguir robando. "Para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo", afirma Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Así lo ponía de manifiesto el propio Jefe Superior de la Policía valenciana, Antonio Moreno, cuando mandó cargar duramente contra "el enemigo", que en ese momento para él eran los jóvenes que protestaban en defensa de la Educación Pública durante la llamada Primavera Valenciana. La mayoría de personas que protestan no cometen delitos penales, por eso, para ellos, "se impone ahora el derecho administrativo del enemigo".


Según establece el anteproyecto, los escraches de la PAH frente a las viviendas de representantes políticas, las concentraciones no comunicadas cerca de instituciones tales como el Congreso de los Diputados o la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones serán consideradas infracciones muy graves y, por tanto, podrán ser castigadas con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros. Ya empezado a denominarse como "ley mordaza". O #LeyAnti15M, como ha sido bautizada en Twitter por miles de usuarios.

Con el pretexto de la seguridad, y según una perspectiva autoritaria, el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales. El PP estaría intentando castigar a los ciudadanos que protestan fuera de las leyes penales, pues los tribunales no son tan contundentes como le gustaría, y utilizar para ello las faltas administrativas. Cuando el ciudadano quiera defenderse ahí deberá pagar unas tasas desorbitadas, que muchos no podrán pagar.

La norma recuerda a las peores épocas de la represión franquista; supone "un ataque directo" a los modus operandi y las nuevas formas de protesta puesta en práctica por los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M hace dos años y medio, como es, por ejemplo, el uso que hacen de las redes sociales o las protestas en torno al Congreso. Se criminaliza no solo la protesta sino también la difusión. Es un claro atentado contra el derecho de manifestación.

La regulación del derecho de huelga ha vuelto al primer plano político tras el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en RNE de que ha encargado al Ministerio de Empleo que estudie una ley de servicios mínimo. En España, hoy en día existe una la ley de huelga, regulada por un real-decreto de 1977 anterior a la aprobación de la Constitución. La Carta Magna recoge el derecho a la huelga como un derecho fundamental que, como el resto, debe ser desarrollado por una ley orgánica. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha aprobado esta ley. En 1993 hubo un intento, frustrado por el adelanto electoral. El PP y la patronal ven necesaria esa norma impulsada por el presidente del Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba quela intención del Ejecutivo es "definir un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho, que es el que tienen los ciudadanos a recibir servicios públicos esenciales". 

Es decir, imponer por ley unos servicios mínimos que neutralicen los efectos de una huelga y que el derecho de huelga se transforme en algo simbólico. Como véis, he aquí otra perla del Partido Popular y su idea de democracia "autoritaria". 

Si hacemos cuentas, el Gobierno de la Nación se ha "cepillado" o se "cepillará" en breve los siguientes artículos de la Constitución:
  • art. 20 (libertad de expresión) con la ley que aprobó para RTVE.
  • art. 21 (derecho de reunión) con el borrador de la "ley mordaza".
  • art. 27 (derecho a la educación) con la "ley Wert": supone la muerte de los centros públicos, de la universidad pública y la ruptura de la igualdad de oportunidades.
  • El derecho a huelga (art. 28), con ese estudio para regular los servicios mínimos. Tiempo al tiempo.
  • art. 35 (derecho y deber de trabajar), con la reforma laboral y la que vendrá en camino. Flexibilidad quiere decir que un trabajador percibe un sueldo miserable a cambio de un contrato temporal.
  • art. 41 (Seguridad Social) y 43 (protección de la salud), pues con los recortes, se está desmantelando el sistema sanitario universal, se está mercantilizando los servicios sanitarios y se discrimina a los inmigrantes sin papeles.
  • art. 47 (derecho a la vivienda), gracias a la especulación inmobiliaria, miles de ciudadanos se ven privados de una vivienda digna.
  • art. 48 (participación de la juventud), con la LOMCE, la tasa de paro por las nubes, y sin perspectivas de futuro, se está condenando a las nuevas generaciones de este país a la emigración o al ostracismo.
  • art. 49 (atención a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos), con la ausencia de presupuesto para el correcto cumplimiento de la "Ley de Dependencia".
  • art. 50 (tercera edad), con pensiones menguadas, obligando a las personas mayores a vivir bajo el umbral de la pobreza.
Es posible que haya omitido alguno por omisión u error. Pero lo cierto es que da gusto comprobar en que estado han dejado la clase política nuestra Constitución después de 35 años de continuos abusos. Y todavía tienen la cara dura de clamar que "hay que reformarla", cuando, en realidad, lo que hay que "reiniciar" es nuestra clase política, que últimamente se ha convertido en una casta social privilegiada, al modo aristocrático, orgullosa de sus privilegios, inoperante e ineficiente. 

La única reforma que necesita España es una revolución social que ponga cada cosa en su sitio, es decir, que se cumpla artículo por artículo nuestra Carta Magna, siempre al servicio del bien común, del ciudadano. Y este capítulo de nuestra historia, los movimientos sociales tienen la clave para un dulce final.


lunes, 25 de noviembre de 2013

LA "MARCHA DE MAREAS" DEL 23 N: UNA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LOS PODEROSOS.


La manifestación del 23 de noviembre 2013 que tuvo lugar en Murcia fue, sin duda, el termómetro que midió el estado social después de dos años de gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Ya nadie duda de la ruptura entre las instituciones y la sociedad causada por unas políticas neoliberales y un estado generalizado de corrupción democrática. Ante esta situación, la ciudadanía se ha organizado en movimientos sociales para frenar la lamentable situación de un Estado de Bienestar en retroceso. 

Si el PP ejecuta una agenda oculta, no es menos cierto que ha configurado una manera de gobernar que dista mucho del "bien común" y ve en el poder una oportunidad de negocio con que enriquecer a sus miembros, simpatizantes y amiguetes mediante una red de clientelismo y de favores.

No está de más realizar un somero repaso al estado de la Nación:

Una Monarquía corrupta, cuya imagen institucional ha resultado un mero cuento chino que nos ha mantenido engañados durante años. Más voces se suman a la idea de instaurar un república.


El sistema de partidos políticos ha desembocado en el bipartidismo en detrimento de formaciones pequeñas gracias a una Ley Electoral que beneficia a los de siempre. No es de extrañar que se diga que PP y PSOE es lo mismo: alternancia del poder y viejas recetas políticas lejos de solucionar los problemas reales de la ciudadanía. Con su consabido "voto útil", se perpetúan en el poder indefinidamente. 

El sistema parlamentario ha degenerado en un diálogo de besugos. Lo importante es asegurarse la paga y mantener los privilegios de una clase política que se asemeja más a la aristocracia del Antiguo Régimen que a una democracia real. Nos representan por imperativo legal, pero con despotismo.

Los llamados sindicatos del poder, UGT y CCOO, han perdido credibilidad a golpe de subvenciones estatales, se han "aburguesado" y sus sedes se han convertido en extensiones burocráticas. De lo político, sólo les quedan las siglas y un discurso caduco. Y para colmo de males, CCOO se visto envuelto en un escándalo de corrupción difícil de justificar. Sólo se les ve en la calle para salir en la foto y para lograr un poco de protagonismo. Pero todos sabemos que son igualmente cómplices del estado de corrupción generado en las instituciones.




Los distintos casos de corrupción se han visto cercenados en las salas de justicia gracias a la llamada del político de turno que, bajo amenazas y leyes totalitarias, ha reducido a la Justicia a una mera institución testimonial o residual. Se extiende la sensación de que hay dos clases de justicias: la del corrupto que sale impune; y la del pobre ciudadano común, que, ante falta de recursos, es sancionado y encarcelado con duras penas. Sólo hay que seguir de cerca el caso "Umbra", como ejemplo de la poca vergüenza de esa caterva que dice que nos representa.





La CEOE y la banca viven su mejor luna de miel con el Gobierno de la Nación, quien les ha regalado una Ley Laboral de ensueño y un rescate bancario que pagamos nosotros, los que no hemos provocado la crisis económica. 





Asimismo, las políticas sociales se reducen a un hecho residual, prácticamente testimonial: Ley de Dependencia, Subsidios de Desempleo, Sistema de Pensiones, el derecho al aborto, etc. Sirva también como ejemplo el desmantelamiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, o Ley de Igualdad de Género. A día de hoy, ante la falta de recursos materiales y económicos, los casos de violencia de género se han elevado a niveles desorbitados. La única reacción de los políticos del PP se manifiesta en la hipocresía: http://bit.ly/1bO1mR6; simplemente, han sido dos años de retroceso, involución, en materia de derechos sociales.



Las políticas de recortes del Partido Popular ha sido la excusa perfecta para adulterar derechos fundamentales, como Sanidad o Educación, que son concebidas como bienes de consumo y un jugoso negocio. Es una realidad que las universidades privadas juegan con ventaja, sólo hay que ver con qué soltura crece la UCAM, mientras que la UMU (Universidad de Murcia) y la UPC (Universidad Politécnica de Cartagena) ya no pueden garantizar su normal funcionamiento y temen un "cierre inminente". Ni la subida de las tasas ha logrado solucionar los problemas de financiación de las universidades públicas.





RTVE es otro ejemplo de cómo dar un "golpe de estado" y salir victorioso. El Presidente de la Nación, a golpe de ley, diseñó un ente pública a su medida. Si analizamos la programación, continuamente nos adoctrinan con mensajes que, de forma subliminal, se repiten como mantras. Parece ser que la máxima de distraer a la población con pan y circo funciona. Y si de paso también se consigue aborregar al populacho, ¡miel sobre hojuelas!

Lo último que se está preparando en los despachos de la Moncloa es una nueva ley de huelga y de servicios mínimos. Esta ley de la patada en la boca no deja de ser un mecanismo de control sobre la población y un atentado contra la libertad de expresión. Los que ya tienen una cierta edad y vivieron el régimen franquista, recuerdan una ley similar. De prosperar este proyecto de ley y ser aprobado en el Congreso de los Diputados, asistiremos a la muerte definitiva de la Democracia y daremos paso a un régimen totalitario y autoritario de régimen policial. Es la proclama de "¡sálvese quien pueda!". A golpe de multas, de un régimen del terror, se quiere dominar la soberanía del pueblo.

Con este panorama tan desolador, el ciudadano común se pregunta hasta cuándo va a aguantar... con los desahucios, con salarios tercermundialistas, con miembros del núcleo familiar sin trabajo, sin futuro, con unos hijos que emigran después de emplear tiempo y dinero en una educación superior, una clase política, sindicalista y empresarial aristocrática, una bolsa de pobreza galopante, unos servicios públicos agonizantes, un país en bancarrota moral... 

Así, desde esta atalaya, el español medio siente que ser español es una desgracia y que lucha contra molinos de viento, con tirachinas contra dinosaurios, una odisea de final dudoso. Es un pesimismo generalizado, un pesimismo de "Estado" que, como un virus, extiende sus redes por obra y gracia del Gobierno del PP


En cambio, en ningún momento contaban con la aparición de los movimientos sociales, herederos del 15M. Su presencia comienza a ser molesta para los mandatarios, caciques y reyezuelos de turno. Ante la falta de una cultura de la ciudadanía en el gen de los españoles, la propia necesidad de dar respuesta a las soluciones reales y abusos de la clase elitista ha insuflado vida al concepto de "movimiento social", el cual está creando escuelas de ciudadanía bajo el signo de la auténtica democracia. Autoaprendizage y autogestión evolucionan con la experiencia. Y quien crea que sólo son meras manifestaciones espontáneas de un grupo de gente con ganas de desfogarse, yerra crasamente. Todavía es pronto para analizar su proyección en el marco de nuestro sistema político, pero no me cabe la menor duda de que estamos en la antesala de algo muy importante, tal vez, el germen de una revolución social pacífica que cuestiona el poder (corrupto) establecido. Después de la "marcha de mareas", cabe preguntarse "¿y ahora qué?"... Pues ahora corresponde tomar decisiones, ejecutar acciones contundentes a solucionar el mal que padecemos y plantar cara a la represión de Estado. La lucha tan sólo acaba de comenzar. Por esa razón, cuando se habla de la apatía del murciano ante la vida pública y política, las "mareas sociales" son el mejor exponente de un cambio que se avecina, al fin y al cabo, son la mayoría exasperada, con una máxima muy clara: "¡Sí se puede!".

miércoles, 16 de octubre de 2013

HISTORIA DE LA REPRESIÓN DEL SISTEMA CONTRA UN ACTIVISTA I


LA PRIMERA IDENTIFICACIÓN CON CONSECUENCIAS


El pasado 8 de Enero, después de la interrupción que supuso el periodo navideño, la Plataforma Pro Soterramiento del AVE reanudó la cruzada reivindicativa cuyo objetivo da nombre a un movimiento ciudadano con el que llevo colaborando desde finales de noviembre del 2012. Motivo por el que ese martes decidí dirigirme, como en citas previas, al paso a nivel de la capital murciana, situado en el barrio de Santiago el Mayor, más concretamente en la calle Torre de Romo. Al acercarme al punto de encuentro pude observar con preocupación el escaso número de manifestantes congregados en los alrededores del lugar en que la vía férrea atraviesa la carretera. Cantidad que afortunadamente fue incrementándose paulatinamente hasta alcanzar un volumen lo suficientemente elevado, unas 50 personas, como para plantearnos ocupar el paso a nivel con la pretensión de impedir durante una hora el transito ferroviario. Circulación que cortamos, en torno a las 18:30, desenrollando la pancarta oficial de la Plataforma, en el preciso instante en el que se aproximaba a lo lejos y de frente un tren que detuvo en seco su amenazante trayectoria al descubrir el obstáculo que, delante de él, un grupo creciente de valientes activistas había levantado.


Muro de hule grueso al que, transcurridos unos minutos, se unió otro del mismo material, que colocado en el lado opuesto al primero y de espaldas a la máquina paralizada sobre la vía, cumplía idéntica misión, es decir, cortar el tráfico ferroviario con la finalidad de reivindicar el lema que se ha convertido en la actualidad en una histórica aspiración de la sociedad murciana organizada de forma asamblearia. Movimiento civil dispuesto a evitar, mediante la desobediencia y la insumisión al poder establecido, la construcción de una muralla, que de hacerse realidad, mutara en un paredón contra el que se estrellarán y perecerán desvanecidos los sueños de crecimiento urbanístico racional y ordenado y los anhelos de prosperidad económica de la capital murciana dividida en dos grandes guetos incomunicados entre sí. 

Amenaza futura denunciada por las carteles y pancartas tras las que nos hallábamos parapetados la mayoría de los pacíficos vecinos, procedentes de los barrios y pedanías circundantes, cuando fuimos abordados e interrogados por una pareja de agentes de la Policía Nacional que pretendían localizar a los supuestos “lideres” o “cabecillas”, responsables de promover el acto de protesta que, sin haber sido notificado previamente a la Delegación del Gobierno, había concentrado alrededor de 200 personas. Convocatoria pública que había sido declarada ilegal por haber reunido una cantidad de voces, disconformes con el plan de la Administración Central de no soterrar el AVE a su paso por el centro de la capital del Segura, probablemente 10 veces superior a lo permitido por la ley. 

Razón por la que los dos lacayos uniformados se dirigieron hacia la pancarta detrás de la que yo me hallaba y que agarraba con fuerza con una mano mientras que con la otra levantaba un megáfono con el que repetía las proclamas lanzadas al aire por el resto de compañeros. Una vez llegados a un punto, lo suficientemente cercano como para ser escuchados, preguntaron por los hipotéticos representantes de la Plataforma, a los que tenían que notificar verbalmente, que en cumplimiento de las órdenes dictadas por el Delegado del Gobierno debían proceder a disolver a los manifestantes que hasta ese momento habían tomado posesión del paso a nivel. Requerimiento al que un heterogéneo grupo de ciudadanos empoderados y cohesionados de clase media, compuesto por diferentes estratos generacionales, respondió unánimemente afirmando su intención de no moverse del espacio público que pretendían ocupar hasta las 19:30 y negándose a señalar, como corresponde a un movimiento horizontal, a ningún camarada como responsable legal o líder de la acción reivindicativa que se estaba realizando en ese momento.

Contestación social, cada vez más extendida, ante la que los esbirros del poder actúan, al no conseguir que nadie de un paso al frente ofreciéndose voluntariamente como “cabeza de turco” que soporte de forma nominal, con toda seguridad, el peso de la sanción económica por la vía administrativa o penal, advirtiendo con tono intimidatorio que, si continuamos insistiendo en no desalojar el paso a nivel, impidiendo el restablecimiento del tráfico ferroviario, se verán obligados a identificarnos a todos los presentes.

Desafío, de carácter coactivo, que no logra doblegar la inquebrantable resolución de una concurrencia cada vez más exaltada, cuyo promedio de edad es de 60 años, de mantenerse firme defendiendo su derecho a manifestarse en contra de lo que consideran una injusticia. Comportamiento de una ciudadanía declarada en rebeldía que fuerza a la pareja de sicarios, al servicio del poder político, a proseguir con el protocolo de actuación ideado para amedrentar a los activistas que persisten en su actitud de desacato a la autoridad. Insubordinación que motiva la advertencia policial, ante la nula colaboración de los activistas amonestados, de que no les queda más remedio que pedir los refuerzos necesarios para arrestar a todos los vecinos que rehúsen abandonar voluntariamente el tramo del trazado ferroviario ocupado. 

Tensa situación que pone a prueba la fortaleza anímica de los exaltados ciudadanos que reaccionaron al ultimátum policial ofreciendo a cambio una resistencia numantina evidenciada agitando, con creciente excitación, las pancartas y carteles, que portaban, al ritmo de los lemas que proclamaban y las consignas que entonaban. 

Momento crítico y crucial en el que tome la determinación de dar un paso al frente empujado por la idea de evitar como fuera males mayores y tras dejar a mi infatigable e inseparable compañero, mi fiel megáfono, en buenas manos, las de uno de los compañeros, con los que sujetaba conjuntamente uno de los carteles reivindicativos, desplegados para cortar las vías, me acerque a los agentes dispuesto a impedir una detención masiva. Apresamiento colectivo o selectivo cuya consecuencia más probable y directa hubiera sido una acusación formal e individualizada de resistencia a la autoridad, o lo que es lo mismo, una imputación de un delito de desacato castigado, por el ordenamiento jurídico de nuestro país, con penas de la más elevadas del continente Europeo. Consecuencias del arresto policial que intente prevenir con una medida, que anticipándose a los acontecimientos, considere anularía los efectos del peligro inminente de que, tratados como delincuentes, fuéramos capturados por medio de una redada indiscriminada o selectiva. 

Una vez situado frente a las dos agentes, representantes del autoritarismo del Estado, que continuaban de pie, pasmados y perplejos, cual dos alguaciles de pantomima, ante la insólita e inesperada reacción vecinal, me preste por propia iniciativa y libremente a ser identificado por la cómica pareja policial. Arriesgada misión decidida unilateralmente, aceptada voluntariamente y desaconsejada por el resto de los activistas, allí concentrados, debido a la previsible aplicación en un futuro próximo, sobre mi persona, de las normas sancionadoras administrativas o penales como resultado de mi temeraria imprudencia. 

Amargas e indeseables secuelas que habían tenido que soportar, con anterioridad, algunos de los desafortunados miembros de la Plataforma después de ejercer su derecho de reunión y manifestación, en un contexto reivindicativo similar, por haber sido acosados e identificados en el transcurso de la protesta por la Policía Nacional en cumplimiento de una ley que regula de forma restrictiva y antidemocrática el mencionado derecho. 

Motivo por el que, al mismo tiempo que los títeres policiales de la Delegación del Gobierno recogían mis datos, algunos de los camaradas más cercanos me recordaban el precio a pagar por mi acción suicida mientras que el resto de la pacífica congregación clamaba enardecida y con insistencia: “EL BARRIO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO”. 

Acabada la anotación, que ingenuamente yo justificaba diciendo, para tranquilizar a los compañeros, que ya había pasado por idéntico trance en ocasiones precedentes y hasta la fecha no me había acarreado represalia alguna, los dos sabuesos creyeron ver abierto el coto de caza de las identificaciones. Torpes Rastreadores cuyo hocico obtuso les guió hasta una presa, que resulto ser un oso, que por el tamaño de su resistencia y pos sus contundentes argumentos escapaba a las escasas posibilidades de las garras policiales, cuyo corto alcance se vio limitado además por el cerco de la manada vecinal que acude, en son de paz, a exigir la liberación del pretendido rehén. Negociación fructífera, que sin rebajar el nivel de sus enérgicas demandas manifestadas mediante intimidatorios y atronadores gritos de: “FUERA”, repetidos incesantemente, logra su objetivo y consigue también imponer una orden de alejamiento a los agentes del orden, que teniendo la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, perseguían maltratar nuestra dignidad con identificaciones arbitrarias e injustificadas y atentar contra nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión en vía pública.

Victoria, fruto del apoyo sólido y constante entre compañeros de lucha de todas las edades unidos por la defensa de una misma causa y también estrechamente por los lazos familiares y relaciones vecinales, que mantiene a raya y alejados, a los amedrentados observadores policiales, fuera de la zona en que se desarrolla, hasta la 19:30, sin altercados y con absoluta normalidad, la tradicional concentración semanal de la Plataforma del Soterramiento del AVE.

HISTORIA DE LA REPRESIÓN DEL SISTEMA CONTRA UN ACTIVISTA II


LA DELEGACION DEL GOBIERNO IMPONE UNA INJUSTA Y PREVENTIVA ORDEN DE ALEJAMIENTO


A principios del segundo mes del año fui informado por un diligente activista, miembro de la Plataforma, que previamente se había dirigido a la ciudad de la justicia a interesarse por mi situación judicial, de que a fecha del 1 de Febrero no existía ningún procedimiento abierto contra Luis Miguel López Román. Ausencia de causa abierta en mi contra que tranquilizó a toda una organización, de carácter asambleario, preocupada por la transcendencia que para mi futuro más inmediato podría llegar a tener la identificación policial efectuada el 8 de Enero.

Cinco meses después del día de autos durante el periodo elegido por el personal docente interino de la Región de Murcia para realizar su primera huelga indefinida, más concretamente durante la decima jornada reivindicativa, convocado por AIDMUR me hallaba formando parte de la fila de personas que a junto al fachada de la Ciudad de la Justicia aguardaba su turno para poder introducirse en su interior a través del control de accesos.

Momento en el que mientras esperaba se me acercó un vigilante de seguridad, quien me informó de que se me prohibía la entrada a la sede judicial basándose en la sospecha de que mi intención al presentarme ese día luciendo la camiseta oficial de AIDMUR (Asociación de Interinos Docentes de Murcia) era boicotear el acto de entrega de los diplomas a los alumnos y centros que habían participado durante el curso escolar 2012/13 en el programa Educando en Justicia.

Ceremonia rebosante de oficialismo y apestosamente propagandística que en esa fecha, 12 de junio del corriente, estaba previsto se celebrase, contando con la presencia del consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca Carrascosa, en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia. Ocasión que quisimos aprovechar para evidenciar y protestar contra la hipocresía, la incongruencia y la inmoralidad de una Consejería que con la mano diestra bautiza y pone en marcha un proyecto con el jactancioso y ostentoso nombre de “Educando en Justicia” mientras que con la siniestra está ajusticiando a la educación pública que, condenada a muerte por el poder económico, está siendo sometida a un procedimiento de ejecución lento y agónico en beneficio del sector privado.

Premeditado y planificado proceso de exterminio efectuado a base de hachazos realizados en la partida presupuestaria autonómica, destinada a Educación, que aboca a los docentes sin plaza fija más afortunados a la inestabilidad laboral permanente y a los más perjudicados, por los recortes, al desempleo con cobertura económica temporal. Abuso de poder inaceptable y denigrante de la Administración Pública que, como intuyó el sistema de protección desplegado para ese día, para prevenir y abortar el más mínimo nivel de protesta, pretendían denunciar los profesores interinos y los activistas que empatizamos con su causa.

Lucha a favor de la educación universal y de calidad, que me guió hasta la hilera de individuos anónimos, en la que yo destacaba delatado por la prenda de ropa que me señalaba como defensor de la escuela pública cubriéndome, desde la cintura hasta el cuello, de color verde brillante. Fondo cromático luminoso, en el que se puede claramente leer, tipografiado en blanco, la consigna emblemática de AIDMUR:

“ESCUELA SIN-PROFESORES

ESCUELA SIN-RECURSOS

EDUCACIÓN SIN-SENTIDO”


Subversivo e incendiario lema que puso sobre aviso al guarda jurado que me descubrió situado en mitad de la cola, me interceptó y acto seguido se dirigió a mí, con tono autoritario, diciéndome:

- Usted con esa camiseta no puede entrar aquí. – Prohibición, a la que yo respondí con sarcástico aplomo, sabiendo que se refería al mensaje impreso en la misma:

- ¡Pues si el problema es la camiseta, me la pongo del revés o incluso me la quito si hace falta y, si no se puede pasar sin ella, me acerco al EROSKI, que está aquí al lao, y me compro una…! - En este punto fui interrumpido por el vigilante de seguridad quien, consciente de mi firme determinación y pensando que no había entendido la indirecta, me espetó:

- ¡El problema no es la camiseta, sino que el problema eres tú… Da igual como vayas vestido… No podemos dejarte entrar porque intuimos que vienes a liarla…!

- ¡Cómo qué a liarla...! – Continúe argumentado manteniendo el mismo nivel de irritada indignación - ¡En base a qué…! ¡Si no traigo pancartas, carteles, ni pegatinas…! ¡El único material incendiario que traigo conmigo es mi megáfono!.. Que además lo llevo en mi macuto, que os lo dejo en el control para que me lo custodiéis en cuanto pase por él … 

Insistencia que obligó al primate, aprendiz de gorila, a abandonar, tras el segundo intento, su esfuerzo coactivo con el que inútilmente pretendía convencerme de que desistiera de mi propósito, supuestamente invasivo e ilegal, de manifestarme en un espacio público. Misión pacífica que, viéndose incapaz de abortar, obligó al inexperto aspirante a simio, desbordado por la firmeza de mi determinación, a recular, pasando, de este modo, el relevo en el desempeño de la función represiva, ordenada por la Delegación del Gobierno, a una pareja de gorilas. Uniformados de la UPR que, posicionados a unos pocos metros, desde su puesto de vigilancia, situado delante de las puertas automáticas de salida, observaron desde principio el acto de resistencia pasiva protagonizado por un poliactivista, al que reconocen inmediatamente, debido a que pertenece a ese selecto grupo de defensores de los derechos civiles al que han concedido el honor de incluir en la lista de las ovejas negras.

Ciudadanos pacientes como corderos hasta que un día memorable decidimos dejar de ser dóciles y sumisos borregos para iniciar un proceso de metamorfosis que está convirtiéndonos en indómitas cabras ingobernables que sólo retroceden y doblegan la cerviz para tomar impulso. Fuerza vital con la que contraatacamos y nos protegemos de las embestidas de un sistema político pseudodemocrático, cruel y despiadado en el que impera la ley del más poderoso económicamente. Jungla inhóspita e incivilizada en la que el salvaje capitalismo campa a sus anchas custodiado por hostiles gorilas que se distinguen por sus cabezas huecas, vacías de sentimientos y escrúpulos.

Simios que desde el primer momento identificaron visualmente al que ya tenían clasificado, etiquetado y archivado por su estatura y por el tipo de activismo que practica como el “Chimpancé”. Gracioso apodo con el que fui bautizado una jornada que pasará a la historia por ser la fecha en la que los ingeniosos agentes, que tuvieron tan feliz ocurrencia, realizaron el mayor derroche de inspiración policial que se recuerda desde que existe el mencionado Cuerpo de Seguridad del Estado.

Merecido galardón, que supone un alarde de creatividad policial sin precedentes, con el que se premia a una especie de activista que se caracteriza por su habilidad para adaptarse al entorno reivindicativo actual, en el que le ha tocado vivir, lo que le permite moverse con destreza por las diferentes ramas que nacen del tronco de la agitación social.

Descontento ciudadano transformado en el motor que me condujo hasta el punto en que me hallaba, a la espera de nuevos acontecimientos, cuando el inepto primate, de profesión vigilante de seguridad, se retiraba, advirtiéndome del peligro inminente de mi desobediencia, para dejar vía libre a los dos gorilas que se aproximaban, con la chulería que les destaca. Simios, antiguos conocidos, con los que el “Chimpancé ya había coincidido en otras ocasiones y con los que previamente ya había cruzado miradas inquisitivas y desafiantes y que ahora se acercaban con la intención de explicarme de una forma meridianamente clara, que despejaría todas mis dudas, las razones por las que no tenía sentido mi permanencia en ese lugar:

- ¡Buenas…! Tenemos órdenes expresas de no dejarle entrar… - En este preciso instante impedí que el agente, de los dos que tenía frente a mí y que había tomado la iniciativa de dirigirse a mí en un tono amenazante, propio de un matón de peli americana, prosiguiera hablando:

- ¡Entonces… me está usted diciendo que tengo prohibida la entrada a…! – Pregunta retórica, cuya contestación sabía de antemano y, a la que el miembro de la Policía Nacional, que había asumido el papel de servil mensajero del despótico autoritarismo de la Delegación del Gobierno, se apresuró a responder sin perder la calma:

- Cumplimos ordenes…Tomamos medidas preventivas que forman parte de un protocolo de actuación, que ponemos en marcha, en previsión de posibles altercados… - Explicación del brazo ejecutor de la represión, que perseguía ser convincente y disuasoria, pero que logró el efecto opuesto al que pretendía, es decir, que, en lugar de hacerme desistir de mi objetivo reivindicativo, consiguió que el manso “Chimpancé” mutará en un novillo dispuesto a embestir verbalmente con rebeldía contra tamaña injusticia:

- ¡Entonces me estáis dando a entender…! ¡Qué me estáis aplicando una retención preventiva… porque sospecháis que vengo a liarla…! ¡Lo que tenéis que hacer es dejarme pasar…! ¡Esperad a que os dé motivos…! ¡Y entonces me detenéis! – Enardecido alegato en defensa del Derecho a la Libertad de Tránsito y Movilidad contra los que los esbirros del poder sentencian:

- Nadie te retiene… Puedes ir donde quieras… menos al interior de la Ciudad de la Justicia… porque intuimos que con esa camiseta que llevas puesta vienes a liarla. – dictamen gubernativo arbitrario, basado en prejuicios discriminatorios, que nace del ejercicio abusivo y opresivo del poder del Estado, contra el que crece progresivamente mi manifiesta y obstinada oposición:

- ¡No… Sólo me estáis imponiendo una orden de alejamiento de un edificio público…! ¡En cumplimiento de una disposición antidemocrática, dictatorial e ilegal…! ¡Que pienso poner en conocimiento del asesor legal de…! – Disconformidad resistente de un “Chimpancé”, que apuesta por la desobediencia civil, contra la que el gorila policial despliega una actitud prepotente:

- Puedes hacer lo que consideres oportuno… No te va a servir de nada… Vas a perder el tiempo… Tú que eres veterano… ya tienes experiencia y sabes de sobra como funcionan estas cosas… Nosotros nos limitamos a cumplir órdenes y a seguir un… - oración inacabada, interrumpida por un primate pequeño en estatura, pero grande en astucia, que descubre la verdadera intención del pretencioso simio que se siente dotado para la oratoria y al que el “Chimpancé” hace una recomendación respecto a su futuro profesional:

- ¡Bueno! ¡Bueno!... ¡No me vayas a soltar ahora un mitin! ¡Qué el rollo ese del protocolo… ya me lo sé de memoria! ¡Qué a mi parece que te has equivocado de carrera… Tenías que haberte dedicado a la política! – Orientación laboral rechazada por un gorila que se siente felizmente realizado siendo matón a sueldo, pagado por la administración, y ofuscado por la indignación que le produce la fortaleza de un mono al que considera terco como un mulo:

- Está visto que contigo ir de buenas es perder el tiempo… Así que o acatas la orden… o atente a las consecuencias.- Falsa disyuntiva planteada, en tono amenazante y con rabia contenida, por un simio impotente que, al verse desbordado por la tenacidad del “Chimpancé”, renuncia a la vía del diálogo pasando al método de la imposición verbal. Ofensiva que precipita una honrosa retirada, que aprovecho para recuperar fuerzas, de cara a un próximo enfrentamiento pacifico y dialéctico del activismo social, contra la represión policial, que no tardará en producirse.